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Cromañon: actuar con seriedad

por Ricardo Gil Lavedra *

   


Horacio Cardo - "cromagnon"

 

La tragedia de Cromañón sumó los peores defectos de la dirigencia y de la sociedad.
 Sin especulación política, es el momento de cumplir honradamente con las normas constitucionales
 y respetar la memoria de las víctimas.

 

La tragedia de Cromañón puso en evidencia muchos de los defectos estructurales que padece la sociedad argentina.

En efecto, allí parecen haberse reunido el incumplimiento de las normas, tendencia patológica que se observa en el comportamiento de todos nuestros gobernantes; la corrupción, enquistada en las prácticas sociales; la ineficiencia del Estado para controlar y hacer cumplir la ley; y una preocupante cultura de irresponsabilidad, cuyo mejor testimonio es el increíble número diario de víctimas por accidentes de tránsito.

Luego de ocurrido un drama de tan dolorosa magnitud, lo sensato hubiera sido comenzar por establecer objetivamente las causas de lo sucedido para poder diseñar las mejores políticas para prevenir otro episodio similar y también, sobre aquella base, adjudicar las responsabilidades políticas pertinentes.

No obstante, el camino seguido hasta ahora ha sido diferente. En una actitud que corrobora su descrédito, nuestra dirigencia se ha mostrado preocupada sólo en obtener ventajas políticas del episodio, con un oportunismo que asombra.

A su vez, el enredo de la convocatoria para revocar el mandato, lejos de contribuir a aclarar el asunto suma un peligroso equívoco a la cuestión. El referéndum de revocación, previsto en la Constitución porteña, es un instrumento de la ciudadanía destinado a dejar sin efecto un mandato popular por razones de mal desempeño, no un recurso del gobierno para plebiscitar su gestión.

En consecuencia, las autoridades no pueden impulsar la iniciativa sin tergiversar abiertamente la esencia del instituto. Resulta verdaderamente inaceptable que la recolección de firmas sea de modo promiscuo entre quienes desean realmente revocar el mandato por mal desempeño y quienes quieren la permanencia del gobernante y utilizan a la revocatoria como una estrategia política para legitimarlo.

No se precisa de referéndum alguno para saber que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires no desea actualmente la remoción del Jefe de Gobierno, sino saber la verdad y que se tomen las medidas necesarias para que este drama no se repita.

Para ello sería conveniente, como lo ha propuesto algún partido de la oposición, la formación de una comisión independiente de personalidades creíbles frente a la sociedad y alejada de todo interés partidario, que analice objetiva e imparcialmente las profusas, imprecisas y desactualizadas normas locales que regulan la cuestión y el inadmisible entrecruzamiento de competencias entre el Gobierno local y el nacional respecto de estos temas. Se trata de un entrecruzamiento ocasionado por la subsistencia hasta el presente de la denominada "ley Cafiero" que cercena la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, otorgando al Gobierno nacional competencia en materia de seguridad y protección de personas y bienes, así como también la conducción de la policía de seguridad en el ámbito de la ciudad.

No es razonable que la Ciudad se ocupe de habilitar los establecimientos bailables (utilizando una categorización vetusta, con algún sentido hace varias décadas), mientras que un órgano nacional (la Superintendencia de Bomberos) se encarga de certificar las condiciones de seguridad, certificación ésta cuya existencia deben luego controlar los agentes locales. Repárese en que los hechos que han tenido vinculación directa con la tragedia, como el exceso de personas en el lugar, la existencia de pirotecnia y la obstrucción de puertas de salidas constituyen contravenciones cuya prevención se encuentra a cargo de la Policía Federal.

La consideración de estas cuestiones no incumbe al sumario criminal. La actividad del juez penal requiere otros tiempos y persigue finalidades diferentes, no analiza el acierto de las normas ni de las políticas públicas, sino las conductas personales que contribuyeron a causar los hechos desde la óptica de los tipos recogidos en el Código Penal. Dejemos que la Justicia realice su cometido, sin agregarle tareas que no le corresponden e, incluso, interfieren en su labor.

El 30 de diciembre no ocurrió algo menor. Ciento noventa y dos personas, que sólo pretendían asistir a un recital de rock, murieron como consecuencia de hechos que quizás pudieron evitarse. Debemos entonces dejar de lado la especulación política. Cumplamos honradamente la finalidad de las normas constitucionales, respetemos la memoria de las víctimas y a sus dolientes familias, actuemos por favor con seriedad.

 

Publicado en Clarín el 23 de febrero de 2005.

Gentileza de: http://www.clarin.com/diario/2005/02/23/opinion/o-02101.htm

* Ricardo Gil Lavedra. Ex Ministro de Justicia de la Nación

 

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