La tragedia de Cromañón
puso en evidencia muchos de los defectos estructurales que padece la
sociedad argentina.
En efecto, allí parecen
haberse reunido el incumplimiento de las normas, tendencia patológica
que se observa en el comportamiento de todos nuestros gobernantes; la corrupción,
enquistada en las prácticas sociales; la ineficiencia del Estado
para controlar y hacer cumplir la ley; y una preocupante cultura de
irresponsabilidad, cuyo mejor testimonio es el increíble número
diario de víctimas por accidentes de tránsito.
Luego de ocurrido un drama
de tan dolorosa magnitud, lo sensato hubiera sido comenzar por establecer
objetivamente las causas de lo sucedido para poder diseñar las mejores
políticas para prevenir otro episodio similar y también, sobre aquella
base, adjudicar las responsabilidades políticas pertinentes.
No obstante, el camino
seguido hasta ahora ha sido diferente. En una actitud que corrobora su
descrédito, nuestra dirigencia se ha mostrado preocupada sólo en
obtener ventajas políticas del episodio, con un oportunismo que
asombra.
A su vez, el enredo de la
convocatoria para revocar el mandato, lejos de contribuir a aclarar el
asunto suma un peligroso equívoco a la cuestión. El referéndum
de revocación, previsto en la Constitución porteña, es un instrumento
de la ciudadanía destinado a dejar sin efecto un mandato popular por
razones de mal desempeño, no un recurso del gobierno para plebiscitar
su gestión.
En consecuencia, las
autoridades no pueden impulsar la iniciativa sin tergiversar abiertamente
la esencia del instituto. Resulta verdaderamente inaceptable que la
recolección de firmas sea de modo promiscuo entre quienes desean
realmente revocar el mandato por mal desempeño y quienes quieren la
permanencia del gobernante y utilizan a la revocatoria como una estrategia
política para legitimarlo.
No se precisa de referéndum
alguno para saber que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires no desea
actualmente la remoción del Jefe de Gobierno, sino saber la verdad y
que se tomen las medidas necesarias para que este drama no se repita.
Para ello sería
conveniente, como lo ha propuesto algún partido de la oposición, la
formación de una comisión independiente de personalidades creíbles
frente a la sociedad y alejada de todo interés partidario, que analice
objetiva e imparcialmente las profusas, imprecisas y desactualizadas
normas locales que regulan la cuestión y el inadmisible
entrecruzamiento de competencias entre el Gobierno local y el nacional
respecto de estos temas. Se trata de un entrecruzamiento ocasionado por la
subsistencia hasta el presente de la denominada "ley Cafiero"
que cercena la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, otorgando al
Gobierno nacional competencia en materia de seguridad y protección de
personas y bienes, así como también la conducción de la policía de
seguridad en el ámbito de la ciudad.
No es razonable que la
Ciudad se ocupe de habilitar los establecimientos bailables (utilizando
una categorización vetusta, con algún sentido hace varias décadas),
mientras que un órgano nacional (la Superintendencia de Bomberos) se
encarga de certificar las condiciones de seguridad, certificación ésta
cuya existencia deben luego controlar los agentes locales. Repárese en
que los hechos que han tenido vinculación directa con la tragedia, como
el exceso de personas en el lugar, la existencia de pirotecnia y la
obstrucción de puertas de salidas constituyen contravenciones cuya
prevención se encuentra a cargo de la Policía Federal.
La consideración de estas
cuestiones no incumbe al sumario criminal. La actividad del juez penal
requiere otros tiempos y persigue finalidades diferentes, no analiza el
acierto de las normas ni de las políticas públicas, sino las conductas
personales que contribuyeron a causar los hechos desde la óptica de
los tipos recogidos en el Código Penal. Dejemos que la Justicia realice
su cometido, sin agregarle tareas que no le corresponden e, incluso,
interfieren en su labor.
El 30 de diciembre no ocurrió
algo menor. Ciento noventa y dos personas, que sólo pretendían asistir a
un recital de rock, murieron como consecuencia de hechos que quizás
pudieron evitarse. Debemos entonces dejar de lado la especulación política.
Cumplamos honradamente la finalidad de las normas constitucionales,
respetemos la memoria de las víctimas y a sus dolientes familias,
actuemos por favor con seriedad.
Publicado en Clarín
el 23 de febrero de 2005.
Gentileza
de: http://www.clarin.com/diario/2005/02/23/opinion/o-02101.htm
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Ricardo Gil Lavedra. Ex Ministro de Justicia de la Nación
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