Argentina, una sociedad 'anómica'
por Daniel Zovatto

La debilidad del compromiso de la sociedad argentina con la ley y su Constitución, unido a un grave déficit de legitimidad institucional, son las principales conclusiones que surgen de nuestra investigación: "Encuesta de cultura constitucional. Argentina: una sociedad anómica", proyecto conjunto de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e IDEA Internacional, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México, y dirigido por Antonio Maria Hernández, Manuel Mora y Araujo y mi persona.

La desagregación de los datos evidencia los claroscuros que caracterizan nuestra sociedad. En el terreno positivo, constatamos la alta valoración que la mayoría de los entrevistados tiene de la Constitución y el hecho de que el respeto a la ley aparece como el logro más deseado para la sociedad argentina. La observancia y aplicación de las leyes son vistas asimismo como el factor más importante para fortalecer la democracia, junto a la existencia de gobiernos honestos, transparentes y que rindan cuenta.

Pero de la investigación surgen, de igual forma, con toda crudeza, noticias muy preocupantes. Entre ellas, un bajo grado de conocimiento de la Constitución junto a un alto nivel de irrespeto por la legalidad. El 86% de la población entrevistada considera que la Argentina vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley, mientras que para el 88% de los entrevistados los argentinos son desobedientes y transgresores -aunque la mayoría no se ubica a sí mismo en esa categoría. Particularmente grave es el hecho de que los políticos en primer lugar (con un 74%), seguidos de los policías (56%), los funcionarios públicos (49%) y los jueces (41%) sean percibidos como los mayores y principales violadores de la ley.

En resumen, un orden social e institucional donde la ley no se cumple, no es respetado por los ciudadanos ni por los dirigentes, y donde el Estado no impone ni garantiza su cumplimiento, es la visión que una mayoría de los argentinos tenemos de nuestra propia sociedad. Esa percepción se extiende al ámbito de la Constitución Nacional y se correlaciona con la baja confianza en las instituciones del Estado. Es el cuadro, en suma, de una sociedad anómica.

Estos datos evidencian la gran paradoja que hoy caracteriza a la sociedad argentina. Por un lado, una gran demanda de legalidad, una alta valoración de la Constitución y una demanda de líderes capaces de manejarse con apego a las leyes. Pero, por el otro, una sociedad que conoce y cumple poco su Constitución, que se autocalifica mayoritariamente como transgresora, que en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este incumplimiento prefiere transferirla a los "otros", en la que el 41% opina que hay momentos en que es necesario desobedecer la ley, el 38% sostiene que si piensa que tiene razón está dispuesto a ir en contra de lo que manda la ley, y el 23% que no está dispuesto a obedecer una decisión que no le gusta aunque esta haya sido adoptada por la mayoría.

Existe asimismo una demanda de igualdad, tema no menor, ya que de su satisfacción depende en gran medida la credibilidad en las instituciones. En este sentido, la encuesta pone de manifiesto otro dato preocupante, cual es la alta desconfianza y falta de credibilidad que afecta a las instituciones, sobre todo al Congreso y a los partidos políticos.

Particularmente grave es el alto nivel de desconfianza que aqueja a la justicia, el cual va en aumento a medida que pasamos de los jueces inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Judicial es una piedra fundamental en todo sistema republicano. Sin embargo, dos décadas después del inicio de la democracia, las largas demoras de la justicia, las dificultades para el acceso a la misma, el deterioro de su infraestructura, su falta de independencia y las sospechas de corrupción que pesan sobre algunos de sus miembros, han traído un aumento de la desconfianza ciudadana en este poder a la vez que una fuerte sensación de impunidad.

Encontramos un aceptable nivel de conocimiento sobre el funcionamiento institucional, si bien se advierte cierto grado de confusión, particularmente en lo que se refiere a las funciones del Congreso y a las del Presidente de la Nación en perjuicio del primero y en beneficio del segundo. Ello es un reflejo del hiperpresidencialismo argentino, que ha violentado de manera sistemática el equilibrio de poderes previsto en la Constitución Nacional aún durante estas dos décadas de gobiernos democráticos.

Tampoco existe una defensa sólida en favor de la libertad de prensa, algo clave para la vigencia de un sistema democrático y republicano, ya que si bien el 53% está en contra de que el gobierno controle a la prensa, un altísimo 40% está a favor.

Uno de los activos más importantes logrados en los últimos 22 años de vida democrática en la Argentina es que los argentinos valoran y apoyan a la democracia. Los datos de la encuesta no dejan duda al respecto, siendo consistentes con muchos otros estudios. A la vez, prevalecen altos niveles de insatisfacción en relación con el funcionamiento de la democracia. A nivel comparado latinoamericano, y según datos del Latinobarómetro 2004, Argentina tiene uno de los niveles más altos de apoyo a la democracia (72%) pero, al mismo tiempo, un nivel bajo de satisfacción con su desempeño. Hay un considerable porcentaje de "demócratas insatisfechos" (34%), pero eso no quiere decir que haya una mayoría en favor de gobiernos militares o de otro tipo de sistemas no democráticos.

Lamentablemente, este apoyo a la democracia no se ha visto acompañado de un desarrollo similar en relación con la vigencia de un régimen republicano y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Por el contrario, lejos de haber ido consolidándose progresivamente un régimen republicano democrático, hemos caminado en sentido inverso. Sus atributos principales -el control ciudadano del poder del estado, el equilibrio de poderes, la transparencia y la publicidad de la cosa pública-, siguen débiles o ausentes.

Tampoco hemos logrado un fortalecimiento del Estado de Derecho, es decir de "… la subordinación de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más alto" (Norberto Bobbio). Constatamos en cambio, a la luz de los datos de la encuesta, que existe una falta de correspondencia entre leyes y creencias. La ciudadanía no cree ni en quien hace las leyes (congresistas), ni en quien las ejecuta (gobernantes) ni en quien las interpreta y aplica (justicia); y, a veces, no establece con demasiada precisión a quien cabe cada una de esas funciones.

Este estado de anomia está reclamando urgentes acciones de reformas tendentes a desarrollar y arraigar en la sociedad argentina una verdadera "cultura de la legalidad". Empero, debemos ser conscientes de que no es posible avanzar por el sendero de las reformas legales sin el correlato de una adecuada observancia de las mismas, ya que ello produciría en la población no sólo una mayor frustración, sino también el riesgo de una agudización de los de por sí ya bajos niveles de credibilidad y legitimidad de las principales instituciones.

Estamos pues ante un problema complejo, profundo, que no tiene ni puede tener respuestas simples y puntuales. Su solución demanda, por el contrario, una estrategia integral, continua y de largo aliento. Es esta una problemática que no puede ni podrá ser resuelta por un ministerio, o un cuerpo de inspectores, o una policía mejor preparada e incentivada, ni con ninguna mejora en algún aspecto parcial de los muchos que conforman este fenómeno.

Tenemos que tomar conciencia de que la responsabilidad es compartida, y que compete no sólo a los gobernantes -sobre los cuales pesa obviamente un altísimo nivel de responsabilidad- sino también a los ciudadanos. Hay que tener la franqueza y el valor para asumir este diagnóstico y admitir que, tal como surge de la encuesta, los argentinos somos violadores consuetudinarios de las normas vigentes, rápidos y competentes en descubrir cómo violarlas y cómo eludir las sanciones. No pagamos impuestos como deberíamos, no observamos las reglas de tránsito, estamos preparados para ofrecer una coima en cualquier momento, buscamos exenciones de todo tipo, tenemos un sentido de comunidad muy débil, etc. A partir de ahí, el abanico de comportamientos anómicos o ilegales en la sociedad argentina es asombrosamente vasto. Somos un país conocido en el mundo por admirar un gol hecho con la "mano de Dios", por un Congreso que aplaude y celebra la declaración de un default, por la escasa seguridad jurídica, por la extrema peligrosidad de conducir por sus calles y rutas, por escándalos recurrentes de corrupción y altos niveles de impunidad.

Resumiendo, no se trata de exagerar la significación de hechos aislados y de símbolos que ciertamente pueden ser explicados en su contexto. Pero tampoco iremos muy lejos si no admitimos que esos hechos son manifestaciones de una pauta recurrente (una anomia "boba", al decir de Carlos Nino) que, en definitiva, explica porqué somos una de las sociedades con más bajo desempeño en el concierto de las naciones. En suma, la anomia que nos aqueja no es sólo antidemocrática sino, además, una de las causas principales de nuestro subdesarrollo.

PROPUESTAS

De todo lo hasta aquí analizado surge que el objetivo prioritario es el de lograr la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes, a los fines de un correcto funcionamiento de nuestras instituciones republicanas en el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho.

Ello supone la plena vigencia de los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos y un adecuado sistema de equilibrios y controles entre los poderes.

En este sentido, y sin pretender efectuar una enumeración exhaustiva, se recomiendan las siguientes acciones:

a.  Fortalecer el accionar del Congreso de la Nación y de los otros cuerpos legislativos, para el efectivo cumplimiento de sus funciones de legislación y control político de los órganos ejecutivos. Esto significa terminar con la legislación de emergencia y las prácticas abusivas de los decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada.

b.  Garantizar la independencia efectiva de los jueces respecto de los poderes políticos y de otros grupos de presión o interés y llevar a cabo una reforma profunda de los procedimientos judiciales.

c.   Impulsar y profundizar la educación cívica y democrática en todos los niveles de la educación. No puede olvidarse al gran jurista austriaco Hans Kelsen cuando sostuvo que la primera obligación de la democracia era la educación para la misma. Esto importa la revisión de los planes de estudio en los distintos niveles, tanto del Ministerio de Educación de la Nación como de las Provincias y Municipios.

d.  Crear una Comisión en cada Cámara del Congreso, así como en las Legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes, para dar adecuado seguimiento y control al cumplimiento de las leyes y ordenanzas sancionadas.

e.  Asegurar la instrumentación efectiva del derecho de acceso a la información para lograr no solo un gobierno más transparente sino también una sociedad más participativa e informada.

f.    Avanzar en la reforma política, en los aspectos relativos al sistema electoral, a la democratización, modernización y fortalecimiento de los partidos políticos, con especial detenimiento en la financiación de la política. Impulsar, asimismo, la formación y capacitación de la dirigencia de los partidos políticos, con estudios interdisciplinarios, entre los que se destaque la ciencia política, el derecho constitucional, el derecho público provincial, el derecho municipal y el derecho administrativo, además de la historia argentina y la historia constitucional. En este sentido se debería dar estricto cumplimiento al artículo 38 de la Constitución Nacional que ha previsto la asignación de fondos a los partidos políticos con esta finalidad.

g.  Fortalecer la plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión. Lograr el apoyo de los medios de comunicación, públicos y privados, para que estos lleven a cabo una campaña pedagógica destacando la importancia de la Constitución, las leyes y las instituciones.

h.  Crear un Centro de la Constitución Nacional, para la conservación, difusión y estudio de nuestra Ley Suprema, en la histórica ciudad de Santa Fé, que fuera sede de nuestro primer Congreso Constituyente. Un notable ejemplo en la materia es el Centro de la Constitución de los Estados Unidos, inaugurado hace poco tiempo en la ciudad de Filadelfia.

i.    Exigir conocimientos de la Constitución en los exámenes para empleos y cargos públicos que se concursen, así como también para el otorgamiento de la ciudadanía argentina.

j.    Modificar los planes de estudio de las Facultades de Derecho para incluir la enseñanza del Derecho Público Provincial y del Derecho Municipal, ya que es esencial profundizar el conocimiento correspondiente a las Constituciones Provinciales y a las Cartas Orgánicas Municipales.

Gentileza: Nueva Mayoria.com